Con la llegada del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reconoció que para afrontar la discriminación que sufren mujeres indígenas y afromexicanas aún se enfrentan múltiples retos, lo que limita el acceso a la justicia.

Los tribunales, espacios donde debería garantizarse la equidad, se convierten en escenarios de revictimización y exclusión. La falta de perspectivas étnicas y de género, así como la carencia de intérpretes o defensores especializados, profundizan las desventajas que enfrentan las mujeres.

La discriminación hacia las mujeres en México adquiere dimensiones particulares cuando se trata de mujeres afrodescendientes e indígenas, quienes enfrentan una intersección de desigualdades basadas en género, origen étnico y condición social. Estos factores se reflejan de manera crítica en el acceso a la justicia, donde persisten barreras institucionales, culturales y económicas que limitan su derecho a una defensa adecuada.

Y es que, además de la falta de justicia con perspectiva de género, las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan otro tipo de barreras dentro de los tribunales como prejuicios y racismo; falta de sensibilidad a las particularidades culturales y lenguas propias de estas comunidades; falta de intérpretes y traductores que limitan la comunicación y comprensión de los procesos legales; obstáculos en la justicia comunitaria, aún dominada por una perspectiva patriarcal; así como las largas distancias a los tribunales que dificultan su acceso físico a la justicia. 

Históricamente, el acceso a la justicia para las mujeres en México fue negado debido a un entramado de estructuras patriarcales, racistas y coloniales que se entrelazaron durante siglos. Ya que la ley las consideraba como menores de edad o propiedad de los hombres, lo que las dejaba sin autonomía jurídica o económica para denunciar abusos. 

Este sistema patriarcal agravó las condiciones para las mujeres indígenas y afromexicanas por el legado del colonialismo, que impuso un sistema legal ajeno, en un idioma que no era el suyo y que despreció sus propias formas de organización y resolución de conflictos. 

La combinación de la discriminación por género, etnia y clase, las colocó en una situación de extrema vulnerabilidad, donde el racismo estructural dentro de las propias instituciones de justicia las revictimizaba, ignoraba sus testimonios o directamente les negaba el servicio. 

Así, la intersección de estas opresiones creó una barrera casi infranqueable, donde ser mujer, pobre y pertenecer a una comunidad racializada significaba que la justicia no estaba hecha para ellas, sino que era otro instrumento de exclusión y control. 

Estas problemáticas, exigen que los sistemas judiciales reconozcan las particularidades culturales y sociales de las mujeres afrodescendientes e indígenas, asegurando que su derecho a la justicia no sea sólo formal, sino real y efectivo. La transformación debe comenzar en los tribunales, donde la imparcialidad debe construirse desde el reconocimiento de las diferencias.