Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras la sanción que bloqueó su acceso al sistema financiero estadounidense por presuntos vínculos con lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. “No tenemos conocimiento de la demanda, pero están en su derecho si así lo considera”, afirmó la mandataria, subrayando la autonomía legal de la institución financiera en este tipo de procesos.

La demanda, presentada en la Corte del Distrito de Columbia, acusa al Tesoro y a la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) de violar el debido proceso y la presunción de inocencia. CIBanco argumenta que la orden de bloqueo amenaza su existencia, afectando más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados para empresas y ciudadanos estadounidenses, debido a que la mayor parte de su operativa depende del acceso a transacciones en dólares. 

Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que existen ofrecimientos de compra para las divisiones de CIBanco e Intercam, buscando mitigar los riesgos derivados de la intervención temporal decretada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La presidenta Sheinbaum informó que el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, comunicó los avances en las negociaciones con terceros interesados en adquirir estos bancos.

Entre las transacciones más destacadas, se encuentra la transferencia del negocio fiduciario de CIBanco a Grupo Financiero Multiva, encabezado por Tamara Caballero. Según reportó la institución a inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, esta operación permitirá dar continuidad a la operatividad normal del negocio fiduciario bajo los marcos normativos vigentes, protegiendo los derechos de los participantes. 

La división fiduciaria de CIBanco, que ascendió a 3.1 billones de pesos hasta junio de 2025 —equivalente al 26.7% de todo el sistema bancario mexicano— pasará a manos de Multiva, cuyo negocio fiduciario representa apenas 0.29% del mercado nacional.

El Departamento del Tesoro estadounidense, que inicialmente ordenó el bloqueo de CIBanco, Intercam y Vector a más tardar el 21 de julio, concedió posteriormente una prórroga de 45 días. Esta extensión busca permitir la reorganización de las operaciones bancarias mientras se atienden los procesos legales en curso. La CNBV mantiene la intervención temporal para proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores.

El caso de CIBanco refleja un punto crítico en la relación financiera México–Estados Unidos, donde decisiones regulatorias extranjeras impactan directamente la estabilidad de bancos locales y el flujo de capitales en dólares. Además, subraya la creciente atención internacional hacia el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo, uno de los problemas transnacionales más complejos para la economía y la seguridad mexicana.

Con esta serie de movimientos —demanda legal, venta de activos y reorganización fiduciaria—, el sistema financiero mexicano enfrenta un delicado equilibrio: proteger la confianza en los bancos nacionales mientras se responde a sanciones internacionales que podrían redefinir la operativa de varias instituciones en los próximos meses.