A fines de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detonó una bomba política y financiera con nombre mexicano: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Tres instituciones financieras, con operaciones extendidas en territorio nacional, fueron identificadas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero por su presunta participación en el financiamiento del tráfico de fentanilo, el opioide que ha convertido a la crisis de salud pública estadounidense en un problema transnacional de seguridad.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió órdenes históricas con base en la nueva Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo. Las acciones son parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump, que en enero firmó una orden ejecutiva para designar a los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Entre ellos, el Cártel de Sinaloa, el CJNG, los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.

Según los documentos emitidos por FinCEN y publicados en el Federal Register, CIBanco habría facilitado operaciones financieras a gran escala: en 2023, un empleado del banco creó una cuenta para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un operador del Cártel del Golfo. De 2021 a 2024, más de 2.1 millones de dólares fueron enviados a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para sintetizar fentanilo.

Intercam, por su parte, habría sostenido reuniones con miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado y financiar, vía China, la compra de insumos químicos. Más de 1.5 millones de dólares fluyeron a esas operaciones, según EE.UU.

Por lo anterior, y hasta el momento en que se escribe esta nota, ambos bancos fueron intervenidos en México: se les impusieron medidas correctivas, sanciones administrativas y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abrió investigaciones internas.

En el caso de CIBanco e Intercam, las autoridades mexicanas sí reaccionaron con medidas administrativas y regulatorias. A partir de los señalamientos del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició procesos de revisión que derivaron en la imposición de sanciones por deficiencias operativas, así como en cambios en estructuras internas de cumplimiento y vigilancia financiera. 

Pero hay una excepción que ha encendido alertas dentro y fuera del país: Vector Casa de Bolsa, la tercera institución señalada por FinCEN, no ha recibido sanción alguna por parte del Estado mexicano.

El caso Vector: poder, política y silencio

A diferencia de los dos bancos anteriores, Vector —una casa de bolsa con presencia nacional— ha mantenido operaciones normales. ¿La diferencia?

Vector pertenece a Alfonso Romo, empresario regiomontano, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y figura clave dentro del entorno de Morena. Su cercanía al poder no es menor: fue el principal interlocutor del sector empresarial durante el inicio del gobierno lopezobradorista y uno de sus hombres de mayor confianza.

Según fuentes del Tesoro estadounidense, más de 40 millones de dólares fueron rastreados entre Genaro García Luna —el exsecretario de Seguridad hoy preso en EE.UU. por narcotráfico— y cuentas vinculadas a Vector. Aun así, ni Hacienda ni la CNBV han abierto procedimiento alguno contra la casa de bolsa. La narrativa oficial, hasta ahora, se resume en una frase: “no hay pruebas suficientes”.

Pero la pregunta persiste: si CIBanco e Intercam están en la misma lista y fueron sancionados, ¿por qué Vector no? ¿Justicia selectiva? ¿Blindaje político? ¿Impunidad con nombre y apellido?

¿Estabilidad o justicia?

La Asociación de Bancos de México aseguró que “no hay riesgo sistémico”, en referencia al impacto financiero de las acusaciones. Pero el debate ciudadano no gira en torno a la estabilidad, sino a la credibilidad del sistema. La sospecha de que un actor financiero relevante sea intocable por sus vínculos políticos refuerza una idea incómoda: la ley no se aplica por igual para todos.

Aunque el gobierno mexicano insiste en que no hay evidencia judicial concluyente sobre vínculos con el narcotráfico, los dos bancos fueron objeto de restricciones en sus operaciones y ajustes internos para reforzar sus mecanismos de prevención de lavado de dinero. Las medidas no solo respondieron al señalamiento externo, sino que también buscaron contener el posible daño reputacional en el sistema financiero mexicano.

Vector Casa de Bolsa no es cualquier empresa. Es un emblema de cómo los intereses económicos y políticos pueden converger para blindar a sus aliados, incluso cuando están bajo el escrutinio del gobierno más poderoso del mundo.

En medio de una guerra global contra el fentanilo y sus redes de distribución, la omisión también se convierte en una forma de complicidad. Mientras tanto, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué una de las piezas clave del engranaje financiero del narco sigue intacta?