Los ataques con ácido no solo queman la piel, también destruyen identidades, proyectos de vida y la seguridad de miles de mujeres. En México, donde decenas de mujeres han sido atacadas con algún tipo de ácido o químico que les ha costado incluso la vida, estos crímenes solían quedar impunes bajo figuras legales ambiguas. Hoy, una ley impulsada de mano de sobrevivientes busca cambiar esa historia.
Antecedentes
A partir de las experiencias de sobrevivientes a este tipo de ataques, pero especialmente del caso de María Elena Ríos Ortiz, mejor conocida como Malena, comunicóloga y saxofonista, quien fue víctima de un intento de feminicidio, surge la llamada Ley Malena.
El 9 de septiembre de 2019, un hombre arrojó ácido sulfúrico a Malena en Huajuapan de León, Oaxaca, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Esto le llevó a tener que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones, recibir injertos de piel y someterse a múltiples tratamientos dermatológicos.
De este ataque, se identificaron y detuvieron como autores materiales a Rubén Loaiza Chávez, Rubicel Hernández Ríos y Ponciano Hernández Yescas, los cuales realizaron este hecho por órdenes de Juan Antonio Vera Carrizal, ex pareja de Malena, quien por mucho tiempo ejerció violencia psicológica en su contra y cuya ruptura de la relación fue el motivo para convertirse en el autor intelectual de este crimen, junto a su hijo Juan Antonio Vera Hernández, aún prófugo de la justicia.
Tras tan traumática experiencia y volviéndose sobreviviente de este tipo de violencia, Malena se convirtió en activista y defensora de los derechos de las mujeres, alzando la voz para visibilizar los ataques con ácido como una forma extrema de violencia de género.
Por esta misma razón, recibió la petición de ayuda para comenzar a crear una ley que tipificara el delito de ataque con ácido por parte del estado de Puebla.
¿En qué consiste?
La Ley Malena tiene por objetivo reformar el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio, estableciendo sentencias de 25 a 40 años de prisión. Asimismo, añade el concepto de “ataque de ácido” a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Constitución Mexicana.
Esta “violencia ácida” no solo incluye ataques con ácidos, sino también con otro tipo de sustancias químicas como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otros agentes corrosivos o inflamables.
De igual forma, la Ley Malena busca que las instituciones encargadas de proteger a las mujeres reconozcan la gravedad de estas agresiones y respondan de manera eficaz. Además, promueve la reparación del daño, medidas de protección adecuadas y la restitución de la dignidad de las personas sobrevivientes.
Avance
Primero fue aprobada en Puebla, después en la Ciudad de México, Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Guerrero, Colima, Veracruz, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa. El resto de los estados aún no cuentan con reformas a su Código Penal que describan sanciones o penas específicas para este tipo de delito; en algunos aún se encuentra en discusión.
En la capital del país, la reforma establece que la pena “aumentará hasta en una mitad cuando sea cometida por razones de género, cause incapacidad, deformidad o pérdida de oído, vista o habla, cause alteración o daño en el aparato genital o en las funciones del ejercicio de la sexualidad, que previo al ataque que causó la lesión haya habido amenazas, acoso u otro tipo de violencia. Además, este nuevo delito deberá considerarse tentativa de feminicidio cuando cause daños graves y permanentes a la mujer víctima”.
Reflexión.
Esta iniciativa no solo castiga con penas ejemplares, sino que reconoce algo esencial: la violencia ácida existe y es feminicida en potencia. Dañar a las mujeres con sustancias químicas no es un daño colateral, es un crimen con nombre propio y la historia de Malena y demás víctimas de estos ataques revelan la crueldad de un delito que por años fue escondido en grietas legales.
Hoy, su lucha convertida en ley es un recordatorio de que la justicia debe, ante todo, nombrar.
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