La feminización de la migración surge cuando se presentan cifras cada vez más altas de mujeres que migran de manera independiente. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, el 48% de las personas que migran internacionalmente corresponde a mujeres y cada vez son más las que lo hacen solas e incluso como jefas de familia.

Si bien la principal razón para un cambio extremo de residencia continúa siendo la búsqueda de mejores oportunidades, la movilización también tiene una estrecha relación con el género, pues en muchos casos se realiza para escapar de la violencia y discriminación ejercida por ser mujer. Diversas agencias de la ONU han señalado que los roles tradicionales de género son un factor que motiva tal movilización y el desplazamiento forzado.

Pero, además, el género también influirá directamente en la experiencia de migración, sobre ello, la OIM explica:

“La migración tiene el potencial de crear consecuencias positivas y contribuir al empoderamiento de las mujeres. Puede ofrecer oportunidades para obtener mayores ingresos y propiedad de activos, mejorar la autoestima, y fomentar el poder de decisión y nueva autonomía. Por otro lado, la intersección del género y la migración puede producir resultados negativos, como múltiples formas de discriminación, explotación y estigmatización”

En este sentido, cabe ahondar en los peligros a los que las migrantes se enfrentan desde su lugar de origen, en el transito y en el destino. Según señala José Samaniego, director regional de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para las Américas, la exposición de las migrantes a la posible comisión de violencia sexual, física y desaparición forzada se debe a la falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento.

Asimismo, Carlos Muñoz, especialista en prevención de la violencia del Banco Mundial considera que durante sus trayectos, las mujeres se enfrentan a barreras físicas, sociales, legales e institucionales. La primera se debe a que la mayoría de proveedores de servicio no están a una distancia accesible para las mujeres; en cuanto a sociales es porque existe una normalización de violencia y por tanto, no se identifican como víctimas de ella y no la reportan; barreras legales se presentan ya que ante un evento violento, muchas veces  no se puede presentar una denuncia debido a las limitaciones jurisdiccionales; finalmente, las institucionales se deben a que aquellas encargadas de atender la violencia de género no están especializadas para servir a población migrante.

Para abordar este desafío tan complejo, la cooperación interinstitucional, tanto local como internacional, es indispensable. Solo mediante políticas públicas con enfoque de género, recursos destinados directamente a la protección de mujeres migrantes y mecanismos de denuncia accesibles, podremos construir rutas migratorias más seguras.

La violencia no es un costo inevitable del desplazamiento, es una vulneración de derechos que exigen respuestas articuladas, donde la empatía y la justicia sean transversales.