El asfalto en las grandes ciudades mexicanas se ha vuelto terreno fértil para una nueva forma de violencia urbana. Lejos de los clichés cinematográficos del crimen organizado, la amenaza no se esconde en armas largas ni en camionetas blindadas, sino en una colisión aparentemente menor, una discusión en la vía pública y una exigencia inmediata de pago. 

Son los montachoques, grupos delictivos que operan a plena luz del día bajo una lógica de extorsión disfrazada de accidente. Y mientras las víctimas acumulan miedo, las leyes se quedan cortas.

Ante esta realidad, el diputado de Morena Octavio Martínez Vargas, del Congreso del Estado de México, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y endurecer las penas contra quienes incurran en esta práctica. La propuesta contempla hasta 24 años de prisión y tres mil días de multa cuando el delito se cometa contra personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o grupos vulnerables. En su forma básica, la sanción sería de hasta 12 años de cárcel.

Por su parte, en la Cámara de Diputados federal, el legislador del Partido del Trabajo, Emilio Manzanilla Téllez propuso tipificar el “fraude por colisión vehicular” como delito en el Código Penal Federal, con penas de 4 a 8 años de prisión y hasta mil Unidades de Medida y Actualización como multa, cifra que puede duplicarse si se emplea violencia, documentos falsos o participa algún servidor público.

Ambas iniciativas responden a una necesidad urgente: México carece, hasta hoy, de una legislación uniforme y contundente que tipifique este delito. A nivel federal, el vacío legal ha permitido que los montachoques operen con impunidad, sobre todo en zonas de alta densidad urbana como el Valle de Toluca y el Valle de México.

Una extorsión disfrazada de accidente

Aunque el término montachoques ha sido popularizado en redes sociales y medios locales, su trasfondo legal es más complejo. 

Lo que aparenta ser un accidente menor es, en muchos casos, una operación premeditada donde las víctimas, generalmente mujeres, adultos mayores o jóvenes estudiantes, para ser rodeados por varios sujetos que las y los intimidan para pagar en efectivo una supuesta reparación. Si se niegan, se les amenaza con violencia, cargos falsos o incluso represalias futuras.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, entre 2020 y julio de 2023 se reportaron 67 casos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor debido a la sub denuncia. Solo en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad ha registrado 95 casos en lo que va de 2025, con focos rojos en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Zinacantepec y Tlalnepantla.

Estas cifras, aunque conservadoras, reflejan una tendencia ascendente. Según el Estudio Nacional de Cultura Cívica (INEGI, 2022), el 66% de los mexicanos evita denunciar delitos por desconfianza en las autoridades o miedo a represalias. Esto ha creado una burbuja de impunidad que los montachoques han sabido aprovechar.

Contrario a lo que podría suponerse, los montachoques no son actores aislados. Funcionan como células delictivas bien estructuradas: uno provoca el choque, otro graba o amenaza, un tercero se hace pasar por ajustador o testigo, mientras el resto vigila que la víctima no escape o denuncie. En algunos casos, incluso se ha documentado la participación de servidores públicos corruptos que avalan su versión de los hechos o desalientan la denuncia formal.

¿Pena ejemplar o populismo punitivo?

Aunque las propuestas de ambos legisladores buscan llenar un vacío urgente, no están exentas de crítica. Colectivos como “México Evalúa” y el “Instituto de Justicia Procesal Penal” han advertido que el aumento de penas no siempre disuade el delito, y que sin una mejora en los mecanismos de investigación, prevención y denuncia, las cifras podrían no variar.

La propuesta del Estado de México ha sido bien recibida por asociaciones civiles, pero algunos juristas advierten que aplicar 24 años de cárcel a un delito cuya prueba es compleja podría provocar errores judiciales o encarcelamientos preventivos desproporcionados, especialmente si se carece de pruebas técnicas como cámaras viales o peritajes confiables.

Por otro lado, la propuesta federal incluye una dimensión preventiva: campañas de concientización, protocolos de atención inmediata y coordinación entre niveles de gobierno. En una nación con más de 43 millones de vehículos registrados (INEGI, 2023), cualquier reforma en materia de movilidad toca fibras profundas del pacto social urbano.

¿Qué sigue?

Ambas propuestas han sido turnadas a comisiones. El Congreso mexiquense discutirá la iniciativa de Octavio Martínez en las próximas semanas, mientras que la reforma federal deberá ser analizada por las comisiones unidas de Justicia y de Movilidad.

En el centro del debate no está solo una reforma legal, sino una pregunta de fondo: ¿cómo se protege a la ciudadanía cuando la violencia se disfraza de cotidianidad?

Mientras tanto, miles de automovilistas seguirán conduciendo con miedo de ser interceptados por un accidente que no lo fue. Y quizá la única certeza, al menos por ahora, sea que el siguiente golpe no será del volante, sino del sistema.