En contextos de violencia de género, las mujeres suelen enfrentar una realidad compleja: la falta de protección efectiva por parte de las autoridades y la normalización social de la agresión. Aunado a ello, muchas de ellas, con la única intención de protegerse y defenderse de la violencia, recurren a medidas que en ocasiones las lleva a ser criminalizadas. Ante este panorama, surge una iniciativa legal que busca reconocer estas situaciones y ofrecer un marco de justicia más equitativo: la Ley Alina.

Antecedentes

En el 2019, en Tijuana, Baja California, la expolicía Alina Narciso fue detenida por el presunto delito de homicidio, mismo por el cual fue sentenciada a 45 años de presión.

Alina cometió este supuesto crimen en contra de su pareja sentimental, Rodrigo “J”, también policía, quien, por años, ejerció violencia hacia ella. En diciembre de ese año, en el intento de defenderse de una agresión que pudo causarle la muerte, Alina utilizó el arma de servicio de él para dispararle, terminando con su vida.

Tras poco más de 3 años privada de su libertad, Alina fue exonerada y liberada en mayo de 2023 luego de que un Tribunal de Segunda Instancia determinara que las autoridades de la Fiscalía del estado ignoraron las pruebas durante el cateo del lugar donde ocurrieron los hechos, mismos que indicaban que esta reacción fue en defensa propia.

Este caso fue la raíz de la propuesta de la diputada Liliana Sánchez Allende, de Morena, quien en enero de 2023 presentó la iniciativa que buscaba reformar los artículos 23 y 49 del Código Penal local de Baja California en materia de legítima defensa en caso de violencia de género, misma que fue aprobada por unanimidad.

Avance

En marzo de este año las diputadas Krishna Romero (PAN) y Magaly Deandar (Morena), presentaron la iniciativa en los congresos del Estado de México y Tamaulipas, respectivamente. En este último fue aprobada durante el mes de mayo, mientras que en la entidad mexiquense no ha sido legislada.

Por su parte, la diputada del PRI, Sylvana Beltrones, presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados, pero en ella se busca reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

¿En qué consiste?

Esta legislación tiene por objetivo proteger a las mujeres para que no sean criminalizadas al defenderse en situaciones violentas, pues propone que sean juzgadas con perspectiva de género y que no se considere exceso de legítima defensa cuando la víctima se encuentra en una posición vulnerable que no le permite medir la proporción de su respuesta, ya que se trata de reacciones instintivas ante la violencia recibida.

Malas interpretaciones.

Ante la propuesta de la iniciativa, algunas personas la calificaron de negativa, pues argumentan que se esta Ley otorga a las mujeres una “licencia para matar hombres” sin recibir ninguna consecuencia por ello.

Esto, sin duda, es una narrativa distorsionada que propicia la mal interpretación de la iniciativa, pues en realidad, esta solo excusa la culpabilidad de un delito cuando se lleva a cabo por razones justificadas, tal como ocurre, se reitera, en casos de violencia de género en las que se repela una agresión directa en acto de autodefensa.

Reflexión

Este caso, además de exponer las fallas del sistema que criminaliza a las mujeres, también señala las tendencias sociales que revictimizan a quienes actúan por instinto de supervivencia. De igual forma, abre paso a la necesidad de reconocer que la violencia de género no puede medirse de la misma manera que un conflicto común.

La Ley Alina representa un avance crucial en la lucha por la justicia con perspectiva de género, que hoy es más urgente que nunca ¿o cuántas Alinas tendrán que pasar por décadas de sentencia antes de que sean vistas como lo que verdaderamente son?: sobrevivientes y víctimas de un sistema fallido y machista.

La autodefensa no es un crimen, pero la violencia de género sí, y también una realidad de todos los días.