El 20 de febrero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio un paso sin precedentes: designó a seis cárteles mexicanos —entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los Cárteles Unidos— como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), junto con dos pandillas transnacionales: el Tren de Aragua (TdA) y la Mara Salvatrucha (MS-13). La decisión, respaldada por los hallazgos del 2025 National Drug Threat Assessment (NDTA), marca una nueva fase en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos respecto a México.

Desde 2001, EE.UU. ha aplicado la etiqueta de terrorismo con una carga estratégica: permite congelar activos, sancionar aliados financieros y, en última instancia, justificar acciones extraterritoriales. La inclusión de organizaciones criminales mexicanas en esa lista implica ahora que sus miembros podrían ser perseguidos bajo el mismo esquema que Al Qaeda o Hezbollah.

El informe de la DEA, publicado en mayo de 2025, es explícito: “Los cárteles mexicanos, particularmente el Cártel de Sinaloa y el CJNG, representan la mayor amenaza para la salud pública, el estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos”. En el periodo de 12 meses que concluyó en octubre de 2024, 84,076 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, una reducción significativa respecto a los 112,910 de 2023, pero aún alarmante. El 62% de esas muertes involucraron fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos.

La mayoría de ese fentanilo, señala el informe, es producido en laboratorios clandestinos en México, donde los cárteles importan precursores químicos desde China —a través de redes de proveedores y empresas de paquetería— y luego lo transforman en polvo o píldoras falsas que imitan medicamentos como el oxicodona M30. Más del 90% del fentanilo incautado en EE.UU. en 2024 fue interceptado en los puertos de entrada del suroeste, principalmente en Arizona y California, de acuerdo con el National Seizure System.

Las cifras son contundentes: solo en 2024, la DEA incautó nueve mil 950 kg de fentanilo y 61.1 millones de pastillas falsificadas, una disminución respecto a 2023, pero aún indicativa de un mercado en expansión. El informe advierte que los cárteles han incorporado nuevas sustancias, como xilacina (tranquilizante veterinario) y nitazenos (opioides sintéticos de altísima potencia), que agravan los efectos y dificultan la reversión de las sobredosis.

Las organizaciones criminales como actores transnacionales

La DEA documenta que el Cártel de Sinaloa opera en al menos 40 países. En julio de 2024, Estados Unidos logró la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López —miembro de la facción “Los Chapitos”— cerca de El Paso, Texas. Esta detención, que escaló la tensión entre las facciones del propio cartel, evidenció no solo la capacidad operativa de la DEA, sino también la fragmentación interna del crimen organizado.

Por su parte, el CJNG ha expandido su presencia a más de 40 países, aliándose estratégicamente con facciones enemigas para controlar corredores clave como los puertos de Lázaro Cárdenas y Altamira, y acceder a químicos provenientes de Asia. A través de su brazo financiero, Los Cuinis, este cártel lava capitales a escala global mediante casas de cambio, empresas fachadas, criptomonedas y operaciones comerciales simuladas, según la DEA.

Ambos cárteles operan con tácticas paramilitares, controlan zonas del país mediante la intimidación a autoridades locales, y usan redes sociales y aplicaciones cifradas como WhatsApp, Signal y Telegram para distribuir droga, reclutar menores y coordinar entregas en EE.UU.

¿Terrorismo o narcotráfico? La polémica en México

La designación como FTO no solo tiene implicaciones jurídicas. Tiene una carga simbólica y diplomática que ha incomodado profundamente al gobierno mexicano. En el país se respondió: “En México no hay terrorismo, hay delincuencia organizada que debe combatirse con justicia, no con estigmas”. Sin embargo, en febrero de 2025, México permitió la entrega de 29 criminales a EE.UU., entre ellos Rafael Caro Quintero, prófugo desde 2013, acusado del asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena.

La DEA ha sido clara en señalar que la captura y expulsión de Caro Quintero representa una “promesa cumplida”. En palabras del informe: “No importa cuánto tiempo pase, la justicia lo encontrará”.

En círculos diplomáticos, esta colaboración se interpreta como un delicado equilibrio: México evita la confrontación directa con EE.UU., pero resiste públicamente la narrativa de que sus cárteles son equivalentes al terrorismo islámico o insurgente. En los hechos, la cooperación binacional ha escalado: más extradiciones, más inteligencia compartida, más vigilancia electrónica y más presión sobre operadores financieros.

La nueva doctrina antidrogas

El NDTA no deja espacio a dudas: la lucha contra los cárteles no es solo un problema de drogas, sino de seguridad nacional. Estados Unidos ha comenzado a tratar estas organizaciones como estructuras transnacionales que financian violencia, desafían al Estado y alteran mercados. Desde este año, la ley permite perseguir a cualquier persona que “materialmente apoye” a un FTO, lo que incluye empresarios, banqueros y comerciantes que operen, aunque sea indirectamente, con recursos ilícitos de los cárteles.

“Designar a estos grupos como terroristas podría justificar acciones unilaterales en territorio mexicano, como ya ocurrió en Afganistán o Somalia”, advierte Robert Velasco, especialista en seguridad nacional del Wilson Center.

Este nuevo lenguaje político convierte a los cárteles en actores geopolíticos. Y como todo actor geopolítico, su combate ya no será solo materia de seguridad pública, sino de seguridad nacional. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de comunidades fronterizas, sino la soberanía misma del Estado mexicano.