“Siempre es un buen momento para defender a las y los trabajadores de México”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo. Frente a representantes sindicales, empresariales y del gabinete federal, la mandataria lanzó una de las reformas laborales más ambiciosas de las últimas décadas: la implementación gradual de una semana laboral de 40 horas, por consenso, hasta enero de 2030.

El anuncio no es menor. Implica no solo una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), sino una reconfiguración del tiempo y los derechos laborales en un país donde, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se trabaja más que en casi cualquier otro del mundo. Hoy, según la legislación mexicana permite jornadas de hasta 48 horas semanales; la nueva meta es reducirlas sin disminuir salarios y establecer dos días de descanso por cada cinco laborados.

Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales en México no solo responde a una demanda histórica nacional, sino que también se alinea con tendencias laborales de países de la OCDE que, con jornadas más cortas, mantienen altos niveles de productividad. En comparación, México sigue liderando el bloque como uno de los países con más horas trabajadas al año, sin que eso necesariamente se traduzca en una economía más competitiva.

Fuente: Elaboración propia 

México lidera con más de 2,100 horas anuales, muy por encima del promedio de economías como Alemania o Francia, lo que refuerza la relevancia del debate sobre la jornada laboral de 40 horas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Baruch Bolaños, iniciará del 2 de junio al 7 de julio una serie de foros en todo el país. En ellos, trabajadoras y trabajadores, empresariado, academia y sociedad civil debatirán cómo debe aplicarse esta transición. La premisa: construir colectivamente un modelo justo, eficaz y viable, sin rupturas ni imposiciones.

“Disminuir las horas de trabajo no reduce la productividad, ni el valor generado. Lo que hace es devolverle tiempo vital a las personas trabajadoras y valorizar lo que hacen”, enfatizó Bolaños.

Una reforma que responde a la historia

La medida no es aislada. Forma parte del llamado «Segundo Piso de la Transformación», el conjunto de políticas que la actual administración busca consolidar tras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, la reforma responde a una de las promesas de campaña de Sheinbaum y se alinea con compromisos internacionales en materia de bienestar laboral.

Organismos como la Organización Internacional del Trabajo han reconocido los avances laborales recientes en México, entre ellos: el aumento del salario mínimo a más del doble, la “desaparición” del outsourcing, reformas en pensiones y equidad salarial, así como el impulso de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

Desde hace un mes, incluso, los trabajadores de limpieza del gobierno federal comenzaron a organizarse en cooperativas para mejorar sus condiciones, dejando atrás esquemas de subcontratación.

¿Quién gana, quién se inquieta?

De aplicarse como se proyecta, la nueva jornada beneficiaría a millones de trabajadores formales. El gobierno aclara que la reforma será universal, sin importar el sector o el tamaño de la empresa. Solo quedarán fuera quienes ya laboran 40 horas o menos, en cinco días o menos a la semana.

Sin embargo, no todo es entusiasmo. Diversos sectores empresariales han expresado preocupación. Temen que una aplicación precipitada provoque una “fuga de inversiones”, aumento en los costos operativos y pérdida de empleos. La reforma, advierten algunos líderes privados, debe ir acompañada de incentivos fiscales y esquemas de adaptación diferenciados por tamaño de empresa.

El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis, reconoce la importancia de avanzar, pero subraya temas pendientes: “Necesitamos también un seguro de desempleo y revisar la carga fiscal sobre los trabajadores. Esto no se trata solo de trabajar menos, sino de vivir mejor”.

¿Modelo laboral o modelo de vida?

La apuesta del gobierno federal es clara: reducir la jornada laboral no solo como derecho, sino como parte de una visión de país donde el tiempo libre, la salud mental y la calidad de vida tengan el mismo valor que la rentabilidad.

En el fondo, la discusión no es solo económica o legal, sino cultural. ¿Puede una economía como la mexicana sostenerse con menos horas de trabajo? ¿Estamos listos para redefinir el tiempo como un derecho?

A lo largo de junio y julio, México debatirá esas preguntas. Lo hará en voz alta, en plazas, auditorios y mesas de trabajo. Será una conversación colectiva sobre el futuro del trabajo y sobre el país que se quiere construir.