La escena del regional mexicano vive una transformación marcada por la polémica y la presión institucional. Cada vez más artistas están optando por dejar de interpretar corridos especialmente los narcocorridos, corridos tumbados y corridos bélicos durante sus presentaciones en vivo. La razón: la creciente ola de prohibiciones estatales y municipales en diversas partes del país que buscan frenar la glorificación del crimen organizado y la violencia.

La postura oficial: “México canta y encanta”

Desde el gobierno federal, la administración de Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura crítica hacia los contenidos musicales que promueven la violencia. Como parte de esta visión, se lanzó la campaña “México canta y encanta”, la cual busca incentivar la creación de canciones con temáticas más positivas dentro de la música popular mexicana. El enfoque gubernamental no se centra en la censura directa, sino en contrarrestar las narrativas violentas que predominan en algunos subgéneros del regional mexicano.

¿Dónde están prohibidos los narcocorridos?

Actualmente, varios estados han tomado cartas en el asunto y han impuesto medidas legales que restringen o directamente prohíben la interpretación de corridos relacionados con el narcotráfico o la apología del delito. Estas son algunas de las entidades donde ya se aplican dichas restricciones:

• Nayarit: En febrero de 2025, el gobierno estatal emitió un decreto que prohíbe la interpretación y reproducción de canciones que hagan apología de la violencia o actividades ilícitas. Las sanciones incluyen la suspensión de eventos y la revocación de permisos.

• Jalisco: Tras un escándalo en Guadalajara, el gobernador Pablo Lemus prohibió en abril las presentaciones que promuevan el crimen organizado. La medida aplica en todo el estado.

• Estado de México: Municipios como Texcoco, Metepec y Tejupilco han comenzado a aplicar sanciones penales y económicas a quienes interpreten narcocorridos en eventos masivos.

• Baja California: En Tijuana, desde noviembre de 2023 se reformó el Reglamento de Espectáculos Públicos para prohibir estos contenidos. Las multas pueden superar el millón de pesos.

• Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo (Cancún), y Mexicali: Han implementado medidas similares, aunque en algunos casos se aplican a nivel municipal o mediante suspensiones administrativas bajo argumentos de seguridad.

• Sinaloa: Aunque no existe una prohibición formal, las autoridades han cancelado conciertos por motivos similares.

¿Apología del delito o libertad artística?

La discusión jurídica gira en torno a la figura de la “apología del delito”, que implica justificar, promover o enaltecer actos criminales. En estados como el Estado de México, esto ya es considerado un delito y puede derivar en penas de prisión y multas.

Por su parte, artistas, productores y defensores de la libertad de expresión han expresado preocupación por lo que consideran una posible censura cultural disfrazada de política pública. Sin embargo, el impacto social del contenido musical y su relación con la violencia en ciertas regiones ha llevado a las autoridades a tomar medidas cada vez más severas.

Mientras tanto, figuras del regional mexicano como Luis R. Conríquez están enfrentando un dilema complicado: seguir interpretando sus éxitos bajo el riesgo de sanciones legales o cambiar de repertorio y enfrentar el descontento de su público.

Lo cierto es que el futuro del corrido en cualquiera de sus variantes parece estar en una encrucijada. La música que alguna vez fue símbolo de identidad y resistencia ahora se encuentra en el centro de un debate nacional sobre violencia, libertad artística y responsabilidad social.