En medio de un panorama con diferentes escenarios laborales que afecta a miles de trabajadores cada año en México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una de las medidas más ambiciosas de los últimos años en materia de protección social: la suspensión automática del cobro de mensualidades a los acreditados que pierdan su empleo, sin que ello implique intereses ni aumentos a la deuda.

La medida, anunciada por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, entró en vigor a finales abril de 2025 y forma parte de los beneficios derivados de la reforma a la Ley del Infonavit, aprobada recientemente por el Congreso. Según estimaciones oficiales, esta disposición podría beneficiar a más de 100 mil personas cada mes, lo que representa un cambio estructural en la relación entre el crédito y la protección del patrimonio familiar en tiempos de desempleo.

El Infonavit, que históricamente ha operado como una entidad tripartita con participación del Estado, el sector empresarial y los trabajadores, busca con esta nueva medida blindar a las familias contra la espiral de endeudamiento que comúnmente acompaña a los despidos. Hasta antes de esta reforma, los trabajadores desempleados quedaban vulnerables a la acumulación de intereses que, en muchos casos, convertía sus créditos en deudas impagables.

Romero Oropeza aclaró que “los acreditados podrán acceder a prórrogas de hasta 12 meses, y estas podrán ser renovadas, sin exceder los 24 meses en total, dependiendo del año de originación del crédito”. La intención es romper con la lógica punitiva del sistema de deuda, y sustituirla por un modelo de corresponsabilidad entre el Estado y los trabajadores.

Datos de una crisis

México cerró el año 2024 con una tasa de desocupación del 2.9%, según datos del INEGI, lo que representa alrededor de 1.7 millones de personas sin empleo formal. De estas, un porcentaje significativo mantiene un crédito activo con el Infonavit. Y de acuerdo con cifras del propio Instituto, más de 5.5 millones de trabajadores cuentan con un crédito vigente, y cada año, cerca de 300 mil de ellos enfrentan interrupciones laborales.

La medida no solo tendrá un impacto económico directo, al evitar intereses y recargos, sino también un efecto colateral en la estabilidad emocional y financiera de las familias mexicanas. En términos presupuestales, esta decisión se inscribe dentro de un enfoque de eficiencia institucional: en lugar de perseguir deudas incobrables, se opta por pausar, proteger y reinsertar al trabajador en la vida económica activa.

A lo largo de su historia, el Infonavit ha enfrentado críticas por su modelo de recuperación agresiva, en especial durante las crisis económicas. Hoy, el nuevo paradigma parece virar hacia una visión más humanista de la deuda: el crédito como derecho acompañado, y no como sentencia financiera.

La suspensión de cobros no es una condonación; es, más bien, un mecanismo temporal de respiro, diseñado para que el trabajador pueda reorganizarse sin perder su patrimonio. Esta decisión se alinea con otras estrategias implementadas en países como España o Francia, donde se han establecido moratorias similares en situaciones de desempleo.

Rumbo a una nueva política de vivienda

La reforma a la Ley del Infonavit también amplió las formas de uso del crédito —por ejemplo, para la compra de terrenos o remodelación— y consolidó el principio del “crédito a la medida” que se ajusta al ingreso del trabajador. Con este paso, el Instituto profundiza su papel como garante del derecho a la vivienda y no solo como acreedor.

En un país donde el 47% de las viviendas siguen construyéndose sin créditos institucionales, esta decisión podría significar una reconexión entre el aparato estatal y los trabajadores formales, especialmente aquellos más vulnerables a los vaivenes del mercado laboral.

Mientras tanto, miles de familias podrán dormir con más tranquilidad, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el desempleo no será sinónimo de despojo.