Las calles de Ciudad de México fueron testigo de una escena que hasta hace pocos años parecía impensable:activistas antitaurinos celebraban lo que consideraban el principio del fin de la Fiesta Brava en la capital del país. «¡Ya cayó, ya cayó la tauromaquia ya cayó!», gritaban al unísono mientras en el Congreso local se aprobaba la regulación que prohibiría cualquier forma de daño físico al toro dentro del espectáculo. 

La tauromaquia, al menos como se ha conocido por siglos, parece haber recibido su estocada final en la ciudad donde se ubica la Plaza México, el recinto taurino más grande del mundo.

El debate, sin embargo, no es nuevo. Desde hace décadas, la tauromaquia ha sido el campo de batalla entre quienes la defienden como una tradición cultural y quienes la consideran una práctica obsoleta y cruel. La decisión del Congreso capitalino representa un golpe político de gran calado, pues no solo impone una visión sobre la relación entre cultura y derechos de los animales, sino que también desafía los intereses económicos de la industria taurina, que genera anualmente cerca de 350 millones de dólares y emplea a más de 80,000 personas en el país.

El oficialismo, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha apostado por una regulación que equilibra la presión social con la necesidad de no destruir de un plumazo el entramado económico que rodea a la tauromaquia. De ahí que la solución adoptada haya sido la «corrida sin sangre», un modelo basado en el de las Islas Baleares en España, donde los toros no son heridos ni ejecutados, sino devueltos a sus ganaderías tras la faena. Para los taurinos, sin embargo, esta medida no es más que una sentencia de muerte para el espectáculo: «Esto no es tauromaquia, es un simulacro», han denunciado algunos en diferentes espacios.

Detrás de esta transformación legislativa también hay un cálculo político claro. El gobierno de la Ciudad de México, alineado con la corriente progresista de Morena, busca consolidar su imagen como un proyecto que apuesta por los derechos humanos y el bienestar animal, un discurso que resuena especialmente entre los votantes jóvenes y urbanos. Esta estrategia, no obstante, podría tener costos electorales en entidades donde la tauromaquia sigue siendo una práctica profundamente arraigada, como Aguascalientes y Tlaxcala, donde el PRI y el PAN han defendido abiertamente la «libertad» de mantener las corridas tradicionales, algo con lo que algunos sectores sociales no están de acuerdo.

El destino de la Fiesta Brava en México, sin embargo, no depende solo de los legisladores. En 2022, un juez federal suspendió temporalmente las corridas en la Plaza México tras un amparo promovido por asociaciones animalistas. La decisión fue revocada meses después, pero sentó un precedente jurídico que podría utilizarse en futuras disputas legales. A nivel internacional, la presión de organismos como la Organización de las Naciones Unidas también ha sido clave: en 2015, el Comité de los Derechos del Niño recomendó prohibir la entrada de menores de edad a las corridas por considerarlas una forma de normalización de la violencia.

La tauromaquia se tambalea, pero ¿su fin es inminente? Los taurinos han prometido llevar su lucha hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que la prohibición atenta contra su derecho al trabajo y a la libre expresión cultural. Al mismo tiempo, la industria busca adaptarse: en los últimos años, empresarios han promovido eventos taurinos sin sangre y han explorado formas alternativas de espectáculo. En la Plaza México, por ejemplo, la corrida dominical ha comenzado a compartir espacio con eventos deportivos y conciertos.

La historia de la tauromaquia en México se ha escrito con sangre y pasión, eso sí hay que recordarlo y tal vez con más sangre que pasión. Hoy, el capote de la política marcará un nuevo rumbo, uno que podría llevar a la abolición definitiva o a una metamorfosis que la haga irreconocible, pero con la conciencia posible de mantener espectáculo, en un país que no necesita más prácticas que derramen sangre. Lo único claro es que la discusión apenas empieza y que el debate en torno a los toros no será resuelto en el ruedo, sino en las cámaras legislativas y los tribunales. El fin, puede ser, que se aproxime, pero aún no está escrito.