Desde hace varios años, diversos grupos parlamentarios del Estado de México han intentado prohibir el uso de bolsas de plástico y otros objetos de un solo uso. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado concretarse debido a la fuerte oposición del sector empresarial y las implicaciones económicas que conlleva una prohibición total.

El momento en que la prohibición estuvo más cerca de aprobarse fue en 2019, cuando cerca de 200 empresas fabricantes de bolsas advirtieron que la medida ponía en riesgo alrededor de 50,000 empleos en la entidad. Argumentaron que el plástico no debe considerarse basura, sino un material reutilizable dentro de la economía circular, lo que permitiría reducir su impacto ambiental sin afectar la industria.

Pese a las advertencias de ambientalistas y especialistas sobre los riesgos del uso excesivo de plásticos, el Congreso mexiquense no logró una mayoría suficiente para la prohibición. En su lugar, en 2020 se aprobó una reforma parcial al Código para la Biodiversidad, la cual entró en vigor en agosto de ese año. Esta modificación no impuso prohibiciones directas, sino que estableció la obligación de diseñar estrategias y políticas públicas en conjunto con cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil para reducir el consumo de plásticos en establecimientos como supermercados, farmacias, restaurantes y mercados.

La reforma también contempla la promoción de alternativas sustentables, como materiales reutilizables, reciclables o compostables. Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió que estos cambios son insuficientes sin una aplicación estricta y sin la voluntad política para avanzar en regulaciones más contundentes.

Hasta la fecha, el debate sigue abierto entre quienes buscan reducir el impacto ambiental de los plásticos y quienes defienden su producción y uso bajo esquemas de reciclaje. La pregunta sigue en el aire: ¿es suficiente la regulación actual o el Edomex necesita medidas más estrictas para frenar la contaminación plástica?