La violencia de género digital ha cobrado relevancia como un problema de derechos humanos y se identifica como cualquier acción en línea que cause daño psicológico, sexual, económico o social a mujeres y/o niñas debido a su género. Este tipo de violencia abarca desde la difusión no consentida de imágenes íntimas hasta el acoso en redes sociales y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a jóvenes entre 18 y 29 años, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En México, existen recursos como la Ley Olimpia que busca sancionar la violencia digital, pero su aplicación aún enfrenta retos. Según datos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES) en la capital del país, más de 3,000 denuncias han sido interpuestas desde el año 2020, donde la distribución de contenido íntimo y el ciberacoso son las agresiones más comunes. Situación que se agrava por la normalización de estas conductas y la falta de sensibilización en la población.

El impacto de esta violencia es devastador. Según la OEA, las víctimas suelen experimentar desde ansiedad y estrés hasta exclusión social y pérdida de oportunidades laborales. Además, la permanencia del contenido en línea perpetúa el daño. En muchos casos, estas agresiones se combinan con violencia offline, ampliando el control y los daños hacia las víctimas.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), cerca del 22% de las mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia digital, siendo las jóvenes entre 18 y 29 años las más afectadas.

La violencia digital también afecta a mujeres de minorías étnicas, con discapacidad o de la comunidad LGBTQIA+, quienes enfrentan ataques que combinan racismo, homofobia y misoginia. 

Ante esto, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado medidas como el programa LUNAS, que ofrece apoyo integral a las víctimas, mientras que la Fiscalía General de Justicia cuenta con una unidad especializada en cibercriminalidad. 

Combatir esta violencia requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, plataformas tecnológicas y sociedad civil. Si eres víctima o conoces a alguien que lo padece, en la Ciudad de México están disponibles las líneas de atención de SEMUJERES y recursos legales para acompañar a las afectadas.