La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hicieron un llamado urgente a los países de la región para invertir en los sistemas de salud nacionales con el propósito de garantizar este derecho a la población, reducir la desigualdad social y caminar rumbo a la sustentabilidad.

En el informe publicado de manera conjunta, las instituciones señalan que a 6 años de que se cumpla el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030, el lento desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe, así como la crisis que desencadenó la pandemia por COVID-19 representan una amenaza para que estas metas se puedan lograr.

De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, es posible que para el 2030, solo el 22% de los ODS sean alcanzados, el 46% requieren mayor velocidad para lograrlos y el 32 por ciento no podrán cumplirse.

En lo que respecta al rubro de la salud, el Consejo Internacional para la Ciencia señala que “las interrelaciones entre el ODS 3 (salud y bienestar) y el resto de los ODS no solo reflejan que la salud se encuentra socialmente determinada, sino también que se trata de una dimensión fundamental para el bienestar y el desarrollo social inclusivo, así como también para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental”.

Por lo que las desigualdades en el acceso a la salud, las brechas en la calidad de atención recibida y los elevados gastos de bolsillo de la población de hasta el 35% del total, son factores que determinan la urgencia de incrementar el gasto público, gestionar eficientemente los recursos y avanzar en la sostenibilidad financiera para fortalecer la resiliencia del sistema de salud, afirman la CEPAL y la OPS.

Y es que, en la región se invierte en salud un promedio del 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido como meta mínima el 6%. En el caso de México, tan solo se invierte el 2.9% del PIB, es decir, menos de la mitad del mínimo recomendado.

La doctora Ana Laura Guadarrama López, directora de la Clínica Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) concuerda en que la inversión en servicios de salud puede contribuir a reducir la desigualdad social y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de millones de personas.

En el contexto particular del Estado de México, la doctora considera que al ser varias las instituciones que brindan atención de salud pública -IMSS, ISSSTE, ISSEMYM y Secretaria de Salud del Estado- se percibe una desigualdad de inversión, pues cada sector de la población es atendido por una instancia diferente.

Otro aspecto que resaltan la CEPAL y la OPS para lograr la recuperación inclusiva y sostenible de los sistemas de salud es la relevancia de una estrategia de atención primaria en sus tres componentes: servicios integrados y funciones esenciales de salud pública, acción multisectorial y participación social.

Toda vez que la atención primaria potencia la articulación entre la salud y la protección social, pues incorpora actividades vinculadas con esta última, como suministro de alimentos y nutrición apropiada, salud materno-infantil, sexual y reproductiva, protección financiera y vigilancia frente al riesgo de vulneración de derechos.

“Un renovado impulso para fortalecer la atención primaria de salud genera una oportunidad para priorizar iniciativas políticas que aborden directamente los desafíos relativos al acceso a los servicios de salud. Reducir y eliminar las barreras de acceso es un paso esencial hacia la consecución de la cobertura universal de salud y la construcción de sistemas de salud resilientes” se lee en el informe.

La doctora Guadarrama López afirma que actualmente, en nuestro país, las políticas han involucrado estrategias que abarcan diversas áreas con la intención de reducir la carga de enfermedad, mismas que pretenden abarcar un espectro amplio de atención y promoción de la salud, lo que garantizaría el acceso a los servicios de salud con calidad y abasto suficiente.

“Otra línea que se ha contemplado es el fortalecimiento de la atención primaria a la salud, esta área se encamina tanto en la prevención de patologías como el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades. Se traduciría en menores costos de atención a la salud y, en consecuencia, una población aún más productiva”, afirma.

Agrega que esta implementación debe ser acompañada de mayor inversión tanto en rehabilitación y construcción de hospitales como en el fortalecimiento de abasto de insumos y medicamentos en instituciones públicas, además de recurrir a diagnósticos que brinden datos sobre las necesidades poblacionales, tales como las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, para tener un panorama general y certero sobre los datos de morbilidad.

“La situación de salud sigue siendo una condición dinámica, requiere seguimiento continuo y tienen que establecerse líneas de acción derivadas de las necesidades de nuestra población”.

Constituir buenos sistemas de salud debe ser un trabajo conjunto entre gobernantes, autoridades sanitarias y la sociedad, por lo que finalmente, la doctora Ana Laura señala que como individuos podemos contribuir en la promoción de hábitos saludables, colaborar en las campañas de prevención de enfermedades crónicas y fomentar estilos de vida que a largo plazo reduzcan la incidencia de padecimientos.

“Si empezamos a concientizarnos de que la cultura de la prevención de la enfermedad nos puede ayudar a evitar esta carga, estos costos que se generan a los servicios de salud, pues estaremos teniendo mejores condiciones de vida” puntualizó.

Por su parte, la CEPAL y la OPS concluyen que una prioridad es fortalecer la resiliencia de los sistemas a través de un enfoque integral e intersectorial, asegurando su capacidad de adaptación, sobre todo ante panoramas de constante transformación que desafían a la región de América Latina y el Caribe.

“Es primordial consolidar sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes que garanticen el acceso y la cobertura universales, brinden atención oportuna y de calidad a toda la población, independientemente de su capacidad de pago, y cuenten con mecanismos de financiamiento solidarios y sostenibles y capacidad de adaptación ante cambios y crisis”