En un acto de protesta en defensa del medio ambiente, representantes del pueblo maya en Chocholá, al poniente de Yucatán, denunciaron las graves afectaciones ecológicas que está sufriendo la región a causa de diversos modelos de desarrollo impulsados por el gobierno. Exigieron la implementación de medidas urgentes para detener la deforestación, la contaminación del agua, y la muerte masiva de abejas, entre otros problemas ambientales que aseguran han aumentado en los últimos años.

Claudia Cob, apicultora y portavoz del pueblo maya, encabezó la declaración de emergencia socioambiental en el territorio peninsular maya, usando el derecho de autodeterminación que le asiste como pueblo indígena. Cob señaló que las políticas de desarrollo están causando graves daños no solo a los ecosistemas locales, sino también a las actividades ancestrales que históricamente han sido una fuente de vida para la comunidad.

«Usando el derecho que nos pertenece como pueblos indígenas a la autodeterminación, a la soberanía alimentaria y a ser autónomos, venimos a declarar como zona de emergencia socioambiental a nuestro territorio peninsular maya», afirmó Cob, quien lleva décadas dedicándose a la apicultura.

La apicultora alertó especialmente sobre los efectos adversos que están teniendo las granjas porcícolas y avícolas en la región. Según su testimonio, estos proyectos están afectando gravemente a los polinizadores, como las abejas, que son esenciales para la biodiversidad local y la agricultura. La actividad industrial, asegura Cob, está llevando a la extinción de estos insectos, lo que pone en riesgo la producción de miel y otras actividades relacionadas con la agricultura sustentable.

La apicultora también se refirió a proyectos emblemáticos del gobierno, como el Tren Maya, que según representantes mayas está contribuyendo a la destrucción de cenotes y a la deforestación de vastas áreas de selva tropical. Cob manifestó su preocupación por la falta de medidas adecuadas de impacto ambiental que garanticen la protección del entorno natural. «El Tren Maya no es un proyecto de desarrollo sostenible, sino que está destruyendo nuestra tierra, secando nuestros mantos freáticos, y afectando nuestro sistema de vida», comentó.

Además de las grandes infraestructuras, los activistas señalaron que la instalación de grandes cerveceras, las cuales han generado una gran demanda de agua, y la proliferación de fábricas de cerdos y aves, muchas de las cuales operan sin estudios de impacto ambiental, están causando estragos en el ecosistema. “Estas industrias están contaminando las fuentes de agua, generando pérdida forestal y contaminando nuestros apiarios. La falta de regulación ha permitido que las empresas actúen sin control, y las comunidades afectadas son siempre las mismas: los pueblos indígenas”, agregó Cob.

La problemática ambiental va más allá de los efectos visibles de la contaminación. Los activistas también denunciaron el despojo de tierras y el avance de la expansión inmobiliaria en la región, que está reduciendo las comunidades indígenas a colonias urbanas, al mismo tiempo que los ejidos son vendidos sin el consentimiento de las comunidades.

«La venta y despojo de tierras se ha convertido en una de las mayores amenazas para nuestra sobrevivencia como pueblo. Las instituciones agrarias se han coludido con intereses empresariales que han llevado a la pérdida de nuestras tierras. Estas decisiones afectan nuestra autonomía y nuestra capacidad para seguir viviendo en nuestras tierras de forma digna», dijo la representante del pueblo maya.

Los comuneros acusaron que el crecimiento descontrolado de las concesiones para la explotación minera y los desarrollos inmobiliarios están despojando a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, sometiéndolos a intereses económicos que no benefician a las comunidades locales.

Ante estas amenazas, el pueblo maya exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum que tome medidas inmediatas para proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. En particular, piden que se cumplan los derechos ambientales y que se respete la autonomía de las comunidades para decidir sobre el uso de sus territorios.

«La situación es urgente. Nuestro pueblo está viviendo en grandes atropellos a nuestros derechos al ambiente y a la autodeterminación», concluyó Cob, pidiendo que el gobierno federal se haga responsable y actúe en beneficio de las generaciones futuras.

Además, los activistas invitaron a la sociedad en general a unirse a la lucha por la protección de los recursos naturales, y a exigir a las autoridades que se frenen los proyectos que están poniendo en riesgo la vida de los pueblos indígenas y la biodiversidad de la Península de Yucatán.

En el marco de esta protesta, representantes de las comunidades mayas hicieron un llamado a las instancias federales, estatales y locales para cumplir con sus compromisos ambientales y sociales, antes de que la situación se convierta en una crisis irreversible en la región.